La antigua Twitter ha recibido un nuevo tirón de orejas por parte de Bruselas. La Comisión Europea ha informado hoy a la red X de su opinión preliminar de que infringe la Ley de Servicios Digitales (DSA por sus siglas inglesas) “en ámbitos relacionados con patrones oscuros, transparencia publicitaria y acceso a los datos para los investigadores”. El Ejecutivo comunitario sostiene que la red social no satisface los requisitos de transparencia y rendición de cuentas en relación con la moderación de contenidos y la publicidad.
Bruselas considera que la nueva política de verificación de cuentas de X (el tic azul) “no se corresponde con la práctica del sector y engaña a los usuarios”. El dueño de la compañía, Elon Musk, decidió cambiar la forma de conseguir el sello azul, que hasta entonces otorgaba la propia red social en función de sus propios análisis. Desde abril de 2023, ese distintivo lo puede conseguir quien pague la cuota mensual de suscripción a X (antes Twitter).
Back in the day, #BlueChecks used to mean trustworthy sources of information✔️🐦
Now with X, our preliminary view is that:
❌They deceive users
❌They infrige #DSA
X has now the right of defence —but if our view is confirmed we will impose fines & require significant changes. pic.twitter.com/M9tGA5pYQr
— Thierry Breton (@ThierryBreton) July 12, 2024
“Dado que cualquier persona puede suscribirse para obtener este estado verificado, afecta negativamente a la capacidad de los usuarios para tomar decisiones libres e informadas sobre la autenticidad de las cuentas y el contenido con el que interactúan”, sostiene la Comisión. “Existen pruebas de que agentes malintencionados motivados abusan de la cuenta verificada para engañar a los usuarios”, destaca el organismo en un comunicado.
La investigación, iniciada en diciembre del año pasado, concluye también que X “no respeta la transparencia requerida en materia de publicidad”, ya que no proporciona un repositorio de anuncios publicitarios fiable y accesible. Esa opacidad impide, por ejemplo, que las instituciones comunitarias puedan hacer comprobaciones sobre la difusión de publicidad engañosa.
Por último, la Comisión señala que X no proporciona acceso a sus datos públicos a los investigadores, tal y como establece la DSA. El proceso que deben seguir los investigadores para conseguir usar la interfaz de programación de aplicaciones (API) de X “parece disuadirles de llevar a cabo sus proyectos de investigación o no les deja más opción que pagar tasas desproporcionadamente elevadas”, indica Bruselas.
X tiene ahora la posibilidad de examinar la documentación en la que se ha basado la Comisión en su investigación y presentar alegaciones. Si finalmente se confirmaran los puntos de vista preliminares de la Comisión, la institución adoptaría una decisión de incumplimiento de la Ley de Servicios Digitales que podría implicar multas de hasta el 6% del volumen de negocios total anual mundial de X.
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