El pleno del Parlament ha aprobado este jueves por una amplísima mayoría —107 votos a favor, 26 en contra y dos abstenciones— utilizar el procedimiento exprés de lectura única para reformar el reglamento de la Cámara y permitir, entre otras cosas, que los diputados de Junts Carles Puigdemont y Lluís Puig puedan votar desde el extranjero, adonde se marcharon en 2017 para no ser juzgados por el procés y donde permanecen a la espera de ser amnistiados. La reforma se aprobará definitivamente en la sesión del 25 de julio. El texto ha prosperado en este primer trámite gracias a los votos de los grupos independentistas, PSC y comuns. Los socialistas han pasado de recurrir la medida ante el Tribunal Constitucional, en la legislatura pasada, a apoyarla ahora. El PP y Vox han votado en contra, mientras que Aliança Catalana se ha abstenido.
El pasado junio, cinco días antes de la sesión constitutiva de la Cámara catalana, el Tribunal Constitucional dictó por unanimidad una sentencia en la que establecía que las razones para conceder el voto telemático o delegado a un diputado deben estar justificadas y que esa excepción al voto presencial no cabe concederla a quien está huido de la justicia: “No puede ser tenida como circunstancia constitucionalmente válida para ello aquella en la que se encuentra quien voluntariamente ha decidido eludir la acción de la jurisdicción penal española y sobre el que pesa una orden judicial de busca y captura”, señalaba el tribunal. La reforma actual del reglamento incluye una disposición transitoria que especifica que pueden delegar el voto los diputados sujetos a un procedimiento de la ley de amnistía.
La sesión de hoy en el Parlament se ha celebrado con las negociaciones de investidura sobrevolando el pleno. Los grupos independentistas se han felicitado por el archivo definitivo del caso Tsunami Democràtic y el inminente regreso de Suiza de Marta Rovira, secretaria general de ERC (que también huyó en 2018), y del diputado republicano Ruben Wagensberg, de baja médica en ese país. El reglamento actual prevé la posibilidad de acogerse al voto delegado en los casos de baja por maternidad, paternidad o larga enfermedad. Con la reforma que se ha puesto en marcha, pasará a incluir también otros supuestos que serán valorados a discreción de la Mesa con un escrito motivado del afectado.
El PP, que no ha mencionado en el debate la sentencia del Constitucional, ha cargado con vehemencia contra el cambio de criterio del PSC y presentará un recurso ante el Consejo de Garantías Estatutarias. El plazo de presentación de enmiendas concluye este mismo jueves. La sentencia del tribunal de garantías señalaba que el Parlament no debía aceptar los votos de los diputados que estaban en el extranjero. La Mesa hizo caso omiso y les permitió votar entonces, y este jueves también. Fue el PSC el que, en la legislatura pasada, se encargó de presentar el recurso que dio lugar a esa sentencia. Ahora, sin embargo, ha virado hasta dar apoyo al texto. El propio líder de los socialistas catalanes, Salvador Illa, alegó en la constitución de la Mesa que esos tres votos no eran tan importantes porque no cambiaban las mayorías.
ALBERT GARCIA
Ferran Pedret, diputado del PSC, ha defendido en el debate el encaje constutucional de la reforma y ha sostenido que el voto telemático está inspirado en los reglamentos del Congreso y del Senado, y el delegado en el de la Asamblea de Extremadura. Y al final de su discurso ha recordado que se acaba de aprobar la ley de amnistía. Con una mayoría tan amplia y en medio de las conversaciones para la investidura —Illa y Puigdemont se disputan el apoyo clave de ERC—, el debate ha sido de guante blanco. La republicana Marta Vilalta ha recordado que su grupo y la CUP quisieron reformar el reglamento en el anterior mandato pero Junts se negó, y ha subrayado que el PSC presentaba entonces recursos ante el Constitucional. Jeannine Abella (Junts) se ha felicitado de que se corrija una anomalía y ha deslizado que espera que el cambio no se deba solo a las ganas de Illa de ser president. Dani Cornellà (CUP) ha sostenido que esta reforma obedece a que las “reglas del juego” han cambiado por la aritmética y no por cambios profundos, y que algunos —ha dicho en alusión al PSC— no solo “se pusieron de perfil, sino que participaron en la represión”. También ha criticado a Junts por haberse hecho “trampas al solitario” en el anterior mandato al sostener que el voto de Puig no se contabilizaba en realidad. Junts lo ha negado.
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El nuevo reglamento también flexibilizará el sistema para que un partido pueda tener grupo propio, autorizando el pase provisional de un diputado de un grupo a otro. La CUP, por tanto, podrá tener grupo —dispone de cuatro escaños y el mínimo son cinco— y deja en el Grupo Mixto a la fuerza de ultraderecha Aliança Catalana, que ganará protagonismo y tiempo. La norma se inscribe en el pacto antifascsta que los impulsores firmaron durante la campaña y que ahora van a revalidar. Una de las medidas que incorporarça es que las declaraciones institucionales se hagan por mayoría y no por unanimidad. La diputada de Comuns Susanna Segovia ha recordado que la presencia de Vox en el hemiciclo impidió en la anterior legislatura hacer declaraciones institucionales en contra, por ejemplo, de la violencia de género o a favor del derecho de asilo.
Solo el PP y la extrema derecha de Vox y Aliança Catalana (AC) se han negado a apoyar la reforma. El popular Juan Fernández ha reprochado al PSC su cambio de criterio y que ahora permita el voto a los “fugados” por interés político, y ha dicho que las negociaciones de la investidura son un capítulo más del “serial del reparto de despachos”. Sílvia Orriols, de AC, se ha abstenido al alegar que el texto era fruto del “españolismo y la extrema izquierda”. Josep Rull, presidente del Parlament, ha reconvenido varias veces al diputado de Vox Joan Garriga, que aprovechaba su intervención para cargar contra la inmigración.
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