En una asamblea realizada en el Aula Magna del Hospital Garrahan, los médicos, residentes y técnicos del centro pediátrico resolvieron hoy llevar adelante un paro total de actividades el jueves 29 de mayo, como parte del reclamo por el atraso en los sueldos.
Sumado a la huelga por tiempo indeterminado que impulsan, los trabajadores se movilizarán este jueves hacia el Ministerio de Salud de la Nación desde las 13, para exigir respuestas ante lo que definen como una «crisis insostenible».
La medida de fuerza fue definida de manera unánime, luego de que el personal presentara una denuncia penal contra las autoridades del hospital, acusándolas por el deterioro de las condiciones laborales.
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Alejandro Lipcovich, trabajador del hospital y secretario general de la Junta Interna de ATE, advirtió que la situación está llegando a un punto crítico. “Llegamos a una situación límite de vaciamiento y asfixia salarial”, sostuvo.
Lopcovich agregó que la adhesión del personal de planta no responde solo a un gesto de solidaridad con los residentes, sino a que todos enfrentan las mismas condiciones de precarización. Como ejemplo, explicó que “un enfermero con 10 años de antigüedad no llega a los 900 mil pesos”.
Lipcovich también señaló que esta situación está generando un éxodo de profesionales altamente capacitados, algo que afecta de lleno al funcionamiento cotidiano del hospital. Así, remarcó que “las víctimas son cientos de miles de niños y niñas que acuden al Garrahan cada año” y cuestionó a las autoridades actuales, afirmando que el ministro Mario “Lugones y los funcionarios que nombró en el hospital están decididos a vaciar el Garrahan a cualquier costo”.

En la farmacia del hospital, otro de los referentes sindicales, Gerardo Oroz, se sumó al reclamo y aseguró que el conflicto no se limita al Garrahan: “Estamos en una lucha de fondo. Milei y Lugones no disimulan su propósito de liquidar la salud pública”, denunció. Al respecto, convocó a extender la protesta a todo el sistema sanitario y llamó a la comunidad a acompañar las medidas.
Ante esta escalada, el Consejo de Administración del hospital presentó una acción judicial preventiva, con el objetivo de garantizar la continuidad de los servicios esenciales. En el escrito solicitaron una medida cautelar urgente ante el Juzgado Civil y Comercial Federal Nº 6, para que los residentes retomen sus tareas, advirtiendo que la huelga representa un “riesgo inminente e irreparable para la salud y vida de los pacientes”.
Más aun, recordaron que los residentes están en un sistema de posgrado que exige un 75% de asistencia y cumplir guardias, y que su ausencia afecta directamente al equipo médico y la atención.
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En cuanto al financiamento, el hospital informó que el 80% de su financiamiento proviene del Estado nacional y el resto de la Ciudad, y aseguró que ambas jurisdicciones cumplen con sus compromisos, a pesar de que entre 2022 y 2024 renunciaron más de 120 profesionales, sin despidos ni recortes de beneficios.
Indicaron además que, para el viernes 30 de mayo a las 15, se anunció una audiencia pública en el Congreso, donde se exigirá una ley que garantice el financiamiento y el funcionamiento estable del hospital.
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