La malversación de los ERE que está por juzgar: 134 causas pendientes tras la resolución de la pieza política

El Tribunal Constitucional ha redefinido el perímetro de las responsabilidades en la pieza política del caso de los ERE al anular total o parcialmente las condenas por prevaricación y malversación de una veintena de altos cargos del Gobierno autónomo, pero la mayoría de las causas concretas en las que se analiza la gestión específica y el destino de las ayudas sociolaborales reconocidas en la partida 31L de los presupuestos autonómicos —conocida también como el “fondo de reptiles”― siguen vivas en los tribunales. El caso de los ERE está lejos aún de estar resuelto judicialmente: quedan 134 causas pendientes y, por tanto, se desconoce aún el alcance real del fraude. Esas piezas separadas pendían, como un racimo de uvas, del tallo que constituyó la pieza política de los ERE y que ahora, tras las sentencias del Constitucional, cobran todo el protagonismo para fijar hasta donde llegó la malversación y de las cantidades efectivamente defraudadas.

Desde que la jueza Mercedes Alaya iniciara la investigación el 19 de enero de 2011, la macrocausa se ha desgajado en 139 piezas separadas, tantas como empresas y entidades recibieron las ayudas recogidas en la partida 31L. En la actualidad quedan 73 procedimientos en trámite en el Juzgado de Instrucción Número 6 de Sevilla, de los que 42 se encuentran en fase de instrucción de diligencias previas y las 31 restantes en fase intermedia, al haberse dictado auto de transformación en procedimiento abreviado. Además, hay otras 61 causas elevadas a la Audiencia Provincial para su enjuiciamiento, de las que 17 ya cuentan con una sentencia —algunas de conformidad, es decir, tras llegar a un acuerdo entre las partes— y cuatro están pendientes de que se redacte el fallo, según los datos recabados hasta el 6 de junio por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. A lo largo de este camino de más de casi 14 años también se han sobreseído y archivado algunas piezas, precisamente por haber prescrito el plazo máximo para la instrucción.

Algunas de las defensas consultadas por este periódico han adelantado que pedirán el archivo de las causas tras el pronunciamiento del Tribunal Constitucional aunque, según Juan Carlos Alférez, el abogado del exdirector de la Agencia Idea, Miguel Ángel Serrano, el primer ex alto cargo de la Junta excarcelado, lo que hace el tribunal de garantías es “eliminar por completo la malversación global a la que fueron condenados [los ex altos cargos]”. “La malversación verdaderamente producida será la que se determine tras enjuiciar todas y cada una de las piezas y saber qué ayudas concretas se concedieron apartadas de la finalidad del programa y cuáles se ajustaron el programa”, explicaba el letrado esta semana.

Fue también en la sentencia de la pieza política del caso donde la Audiencia de Sevilla cuantificó el montante total del dinero malversado: 679.432.179,09 euros, una cifra que se corresponde con el total de las ayudas concedidas entre 2000 y 2009, el período de tiempo investigado. “Ha existido un enorme desconocimiento en la opinión pública de qué se enjuició en concreto en el llamado procedimiento específico, lo que lleva al error de sostener que se haya producido una malversación de casi 700 millones de euros “, señala Alférez. Antonio Mohedano, que durante el juicio en la Audiencia representó al expresidente José Antonio Griñán, siempre ha recordado que esa cifra “únicamente se podría determinar cuando se juzgaran el resto de los casos concretos”, llegando a cifrarla en unos 80 millones de euros.

Ese montante de casi 680 millones de euros (que el PP siguen calificando estos días como dinero “robado” que “deben devolver” a los parados andaluces), se corresponde con una partida que se mantiene viva a día de hoy en los Presupuestos andaluces y por la que siguen cobrando algunos de los más de 6.000 trabajadores que fueron beneficiarios de esas ayudas sociolaborales, en virtud de un decreto ley de 2012. En el primer ejercicio presupuestario del popular Juan Manuel Moreno Bonilla como presidente de la Junta, se destinaron casi 37 millones a pagar esas ayudas, que, como adelantó ElDiario.es, seguirán abonándose hasta 2026.

Tras la anulación de la primera condena por malversación, el portavoz de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, sostuvo la semana pasada que ese el delito era “la base” que permite al Ejecutivo andaluz reclamar el dinero que se defraudó. Sin embargo, la administración andaluza, personada en ese procedimiento específico como acusación particular, optó, en la época en la que gobernaba Susana Díaz, por reservarse el derecho a ejercer acciones para reclamar responsabilidades civiles únicamente en las piezas separadas que se están juzgando.

Las cantidades exigidas en las causas concretas ya juzgadas rondan los 20 millones de euros. Respecto al dinero recuperado, el último dato lo ofreció el presidente Moreno Bonilla, que aseguró en el debate sobre el estado de la comunidad, que la administración había recuperado ya 27 millones de euros de los 62 millones que deben ser devueltos a través de la justicia y el Tribunal de Cuentas. Y que reclama otros 135 millones en “decenas” de otras causas.

En cualquier caso, el criterio de la administración autónoma —ya con el PP— para exigir la devolución de esas ayudas malversadas no parece ir en consonancia con las declaraciones políticas de sus dirigentes, ya que no garantiza su absoluta recuperación. La Junta ha decidido pedir el archivo de las causas en las que no haya intrusos, una estrategia que le ha valido la censura del instructor de los ERE, que recriminó que con esta medida se estaba renunciando a percibir la totalidad de las cantidades extraviadas.

En las causas separadas también se ha debatido si los exdirigentes de la Junta ya condenados en la pieza política de los ERE por prevaricación y malversación debían ser juzgados de nuevo por los mismos delitos en las causas que conocían de la entrega concreta de esas ayudas. La Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla dictaminó que no, pero la Tercera ha mantenido en ocasiones otro criterio, como en la primera sentencia por una de las piezas separadas, en la que los magistrados condenaron a siete años de prisión por malversación al exconsejero de Empleo, Antonio Fernández, y a cuatro años al ex director general de Trabajo, Juan Márquez, por su intervención en la concesión de 2,9 millones de euros en ayudas a la empresa Aceitunas y Conservas (Acyco).

Entre esas piezas separadas ya juzgadas está también la condena al que fuera chófer del fallecido Javier Guerrero —ex director general de Trabajo, que fue el principal imputado en la macrocausa― a cuatro años y nueve meses de prisión por destinar fondos de las subvenciones de los ERE a, entre otras cosas, comprarse una vivienda o cocaína para su jefe. El desvío de fondos para consumo de cocaína fue considerado el ejemplo que mejor ilustraba el descontrol y la aparente impunidad con la que se utilizaron unas ayudas ideadas en su origen a solventar de manera ágil los despidos masivos producto de las crisis industriales que sufría la comunidad andaluza, y el paradigma de que, como señalaba Alférez, la malversación del fondo 31L existió en aquellos supuestos en los que se destinó el dinero a empresas que no estaban en crisis o para fines o personas ajenas al objeto de la partida. “Se quiso criminalizar a quien proponía la ley y se fue a por quien políticamente era más débil”, abunda Víctor Moreno Catena, abogado de la exconsejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, también amparada por el Constitucional, sobre una instrucción que no puso el foco en los casos concretos en los que se hacía un mal uso de la ley.

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