Son 300 vidas, 300 historias, 300 identidades aún desaparecidas y a las que las Abuelas de Plaza de Mayo siguen buscando. Son 300 nietos, según estiman los organismos de derechos humanos, son los hijos de víctimas de la última dictadura militar (1976-1983) que aún falta encontrar. Las políticas e instituciones públicas que desde hace décadas sostienen esa búsqueda en Argentina están ahora bajo amenaza de clausura o desfinanciamiento por la administración de Javier Milei. Este jueves, organizaciones políticas, sociales, sindicales y de derechos humanos se sumaron a la tradicional ronda de las Madres de Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada, para protestar contra las medidas negacionistas del terrorismo de Estado que impulsa el Gobierno ultraderechista.
“Hoy estamos acá por nuestro país, querido país que está siendo desestimado, ofendido por quien tendría que cuidarnos, pero va a salir de esta sombra más temprano que tarde”, dijo Estela de Carlotto, la presidenta de Abuelas, que a sus 93 años y con su bastón en la mano derecha volvió a rodear la Plaza de Mayo, remedando la manifestación que hace 47 años inauguraron las madres que no encontraban a sus hijos secuestrados o asesinados por la dictadura.
“Esto que estamos viendo hoy acá es un pueblo que no olvida, un pueblo que tiene alma y corazón con el recuerdo, que dice y asiente que son 30.000 [los desaparecidos] y que además falta encontrar a los que viven, que son los nietos”, dijo Carlotto desde el escenario montado en un extremo de la plaza, en una helada tarde de invierno en la ciudad de Buenos Aires. Le respondieron aplausos y el grito de siempre: “¡Madres de la plaza, el pueblo las abraza!”.
El principal reclamo que están realizando las Abuelas de Plaza de Mayo, con la manifestación de este jueves y con una solicitada que aspira a conseguir apoyos internacionales, es contra una medida que prepara el Gobierno pero aún no concretó: un inminente decreto del Poder Ejecutivo le quitaría a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi) la potestad de investigar los casos de apropiaciones de bebés durante la dictadura y de acceder a los archivos de distintas áreas del Estado, una práctica ininterrumpida desde hace dos décadas.
“Volvemos aquí, a nuestro lugar de protesta, donde nos ayudamos entre nosotras, con la lucha de casi 50 años a cuestas por nuestros desaparecidos, por nuestros bebés robados, con el corazón abierto, sin violencia, porque el Gobierno nacional está destruyendo todo lo que hemos construido para esta búsqueda”, dice la declaración de las Abuelas, que este jueves leyó en Plaza de Mayo la diputada Victoria Montenegro, una hija de desaparecidos que recuperó su identidad en 2001. “Las políticas de derechos humanos de la Argentina son admiradas por todo el mundo, que nos ve como un país que pudo acceder a la verdad con juicios ejemplares, con campos de concentración convertidos en espacios para la memoria, para educar a las nuevas generaciones en los valores democráticos y para que los crímenes atroces cometidos por el Estado terrorista no se repitan”, añade el texto y destaca: “Ningún gobierno democrático, hasta hoy, puso en cuestión la búsqueda de niños y niñas desaparecidas”.
“No lo podemos permitir”
Hasta hoy, las Abuelas de Plaza de Mayo consiguieron recuperar la identidad de 137 nietos. Guillermo Amarilla Molfino es uno de ellos desde 2009, cuando conoció su verdadero nombre tras haber nacido en cautiverio en 1980. “Dentro de esas tres patas de nuestra historia que son memoria y verdad y justicia, nos encontramos con un ataque claro a la memoria. Los procesos judiciales todavía se están sosteniendo y la verdad la sostenemos nosotros, con esta militancia”, dice Amarilla Molfino mientras camina por la plaza. “Pasamos por leyes de Obediencia Debida, de Punto Final [normas que limitaban la responsabilidad de los militares en los crímenes], por los indultos y con el andar de las Abuelas, de las Madres, de los organismos, se pudo revertir eso. Se tuvieron que sostener esos tres elementos necesarios para formar la historia de nuestro país, nuestra propia identidad como país. Ahora no podemos permitir que se borre todo lo trabajado durante los últimos más de 40 años”, avisa.
“Busco junto a las Abuelas un hermano o hermana que debería haber nacido en noviembre de 1977″, cuenta Esteban Lisandro Herrera Zimmerman durante la ronda. “Hoy estamos acá defendiendo no solamente la Conadi y su unidad de investigación especial, que es una herramienta que permite la búsqueda de los nietos y nietas que nos faltan, sino también todas las políticas públicas sobre derechos humanos. La Secretaría de Derechos Humanos está siendo desmantelada por los despidos, están vaciando áreas completas.”
Paula Eva Logares tenía 23 meses, en 1978, cuando la secuestraron junto con sus padres, quienes permanecen desaparecidos. En 1984 se convirtió en la primera nieta recuperada mediante un análisis de sangre como prueba de filiación. Este jueves, desde la Plaza de Mayo, llama la atención sobre el abandono que están sufriendo los sitios de memoria, donde acaba de producirse el despido de 50 trabajadores. “Tomó mucho tiempo reconocerlos como tales, en distintos juicios y con distintos testimonios… Si eso se cierra porque no hay quien lo mantenga y lo habilite a diario, eso no le da ganancia ni nada positivo al Estado, no hay manera de entenderlo como una cuestión positiva”, dice Logares.
Desmantelamiento general
Además de amenazar con bloquear la búsqueda de niños apropiados durante la dictadura, en sus primeros meses de gestión el Gobierno de Milei ya ha desmantelado las principales políticas de derechos humanos relacionadas con el terrorismo de Estado. Una combinación de recortes de fondos públicos, despidos de personal y vaciamiento de instituciones ha impactado en programas vinculados con el juzgamiento de los responsables de delitos de lesa humanidad; la desclasificación de los archivos militares y policiales; las reparaciones a las víctimas del terrorismo de Estado; y la conservación y expansión de los memoriales. Un informe realizado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el grupo de organismos de derechos humanos que integran Memoria Abierta dio cuenta de ese retroceso y detalló sus distintas aristas.
Entre otras medidas, el Gobierno “puso fin a la labor del Equipo de Relevamiento y Análisis documental de los archivos de las Fuerzas Armadas” que funcionaba en el Ministerio de Defensa desde 2010 y cuyos aportes la Justicia fueron claves para “conocer estructuras y cadenas de mando del sistema represivo, así como identificar personal militar involucrado en acciones ilegales”, indica el informe. Del mismo modo, en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) se discontinuó el espacio creado para analizar documentación de inteligencia vinculada a violaciones a los derechos humanos. También fue desarmado el Programa Memoria Colectiva e Inclusión Social (MECIS), que se dedicaba a filmar las audiencias de los juicios por delitos de lesa humanidad en todo el país. Había sido creado en 2009, a partir un reclamo de la Corte Suprema de Justicia para que se diera publicidad a esos juicios.
“La interrupción de estas políticas públicas”, advierten el CELS y Memoria Activa, “ocurre en el contexto de reiteradas declaraciones del presidente de la Nación, la vicepresidenta [Victoria Villarruel] y diferentes ministros contra el proceso de justicia y en favor de lo actuado por las Fuerzas Armadas”.
En Argentina existen cuarenta espacios de memoria donde funcionaron campos de concentración de la dictadura. Desde que asumió Milei, la Dirección Nacional de Sitios y Espacios de Memoria está vacante y las obras de infraestructura proyectadas fueron suspendidas. Para el CELS y Memoria Abierta, “el nuevo gobierno promueve una cultura de desprecio al proceso de memoria, verdad y justicia, al mismo tiempo que descarta las lecciones aprendidas en las últimas décadas y estigmatiza a los actores que la han impulsado y llevado adelante. Como sociedad, este cambio de paradigma busca colocarnos en las antípodas de lo que hemos construido desde la recuperación de la democracia en 1983, bajo diferentes gobiernos y con el compromiso de todos los poderes del Estado”.
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