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“Las legislaciones en materia de sostenibilidad que está tomando la Unión Europea son la señal del fracaso del sector privado que no ha sabido cómo regularse”. Así de contundente se muestra la experta en sostenibilidad y consultora española radicada en Lima Ester Xicota. “En materia de sostenibilidad, los Gobiernos son básicos, son los que han ido más tarde, pero son al final los que administran los recursos públicos. Porque si pones restricciones, es simple: tienes que cumplirlas”, apunta.
Xicota se refiere así a las regulaciones ambientales que están entrando en rigor, como la Directiva sobre Diligencia Debida de las Empresas en materia de Sostenibilidad aprobada el pasado 24 de abril por el Parlamento Europeo, que obligan a las industrias de estos países a responsabilizarse del impacto ambiental y social de su cadena de producción. Es decir, una empresa en Europa puede proteger los derechos laborales y regular sus emisiones, pero si un gran porcentaje de los insumos de su producción viene de un país donde no se vigilan los derechos laborales ni se restringen las emisiones, entonces de forma indirecta esa empresa no es sostenible.
“La debida diligencia les pide a las empresas que miren su cadena de valor, que rompan ese velo que siempre las ha separado de sus proveedores, y que identifiquen los impactos sociales y ambientales que hay, para que empiecen a resolverlos. Es una obligación básica: que empiecen a considerar la cadena como parte de su negocio”, explica Ester Xicota.
Ante un torbellino de regulaciones que cada vez se pondrá más exigente, la experta, basándose en su experiencia en Latinoamérica, insta a los gobiernos de la región a examinar el camino a seguir en relación a estos marcos regulatorios. De lo contrario, advierte, “vamos a terminar como siempre cumpliendo unas regulaciones pensadas y creadas desde Europa para legislar territorios y realidades completamente diferentes”.
Sus temores no están muy lejos de una realidad que ya se insinúa. A finales de 2024 entrará en vigor una directiva que dice que ninguna agroexportación de Latinoamérica hacia Europa vinculada al aceite de palma, cacao, café, caucho, ganado, madera y soja, así como sus derivados, como carne de vacuno, productos de cuero, papel impreso, muebles, cosméticos o chocolate puede estar vinculada con la degradación de los bosques. Además, los productos deberán contar con un certificado que demuestre que no se ha cortado ningún árbol para realizar esa producción. Esta resolución ya generó malestar en mayo del año pasado en el Gobierno brasileño que, bajo el presidente Lula da Silva, la calificó de “acciones unilaterales” contrarias al libre comercio y al espíritu de acuerdos como el largamente postergado entre Mercosur y la UE.
“Lo que ha pasado históricamente, como un rezago de lo colonial, es que Latinoamérica siempre ha sido el lugar para la extracción y el lugar para botar los residuos. Ahora los países del Norte global dan un reversazo y nos dicen que lo estamos haciendo mal, pero lo que no se dice es que eso es lo que nos ha exigido por décadas”, explica por su parte la profesora Diana Gómez García, de la Universidad de los Andes en Colombia, experta en el desarrollo de conocimiento crítico sobre la sostenibilidad. “Entonces lo que hay desde aquí es una falta de agencia. Siempre somos como el niño del parque que hacemos lo que sea para que nos inviten a jugar y siempre entramos a jugar en desventaja. Tenemos que pensar en dónde nos situamos, para proponer que desde aquí se puede hacer de otra manera”.
Para Xicota, desde Latinoamérica urge empezar a pensar en bloque, hacer alianzas estratégicas que le den más peso a las posiciones que asuman los países sobre la administración de sus recursos naturales y de su capital de trabajo. “Lo que pasa con los países del Sur global es que si uno de ellos dice: ‘Estos son mis recursos y los voy a proteger’, entonces las empresas y los Gobiernos se van con el país del lado y así hasta conseguir quién les de sus condiciones, entonces al no estar alineados es muy difícil competir. Habría que crear frentes comunes para no poner en riesgo todo el capital social y laboral. África ya lo está haciendo”, insiste.
Ese anhelado pensar en bloque también es un clamor que la académica Gómez comparte, pero no pierde de vista que sería una opción que no les convendría tanto a los países del Norte. “Cuando estamos fragmentados es más fácil mover los hilos, además, está el fantasma del socialcomunismo. Pensarnos en bloque, como lo hace la Unión Europea, significaría pensarnos desde la agencia, desde la epistemología de los sures, desde otras maneras que entienden, por ejemplo, que el capitalismo neoliberal tiene que revisarse y que el crecimiento exponencial es inviable. Pero el mundo no está dispuesto para eso”, afirma.
Por lo pronto, la experta colombiana propone que los Estados pongan límites y condiciones claras. “La circularidad que nos venden desde Europa parece fantástica, pero cuando la trasladas a lo social, te lanza preguntas complejas. ¿Cuál es la mano de obra que va desmantelar la ropa o desensamblar el celular para reusar las piezas?” Probablemente, responde, mano de obra precarizada y barata. “Como países latinoamericanos tenemos decirles: ‘Entramos en su idea de circularidad, pero aquí se pagan sueldos dignos, se capacita a la gente, aquí hay una infraestructura que incluye innovación y diseño”.
Desde México, Néstor Genis, Coordinador de Inclusión y Desarrollo Sostenible de la organización Ethos, también resiente que América Latina no tenga una visión común. Con los cambios de Gobierno en países como México, Brasil, Argentina y Colombia, explica, se dan también transformaciones radicales de agenda que impiden una mirada unificada. En México, añade, el tema ambiental no ha sido una prioridad en los últimos años. “Además, tenemos una tensión entre legislación versus implementación: porque regulaciones propias tenemos, pero no se implementa y no son suficientes”.
Según Genis, el verdadero contrapeso en materia ambiental en Latinoamérica lo han ejercido las organizaciones de la sociedad civil y la comunidad. “Son ellos los que han señalado los saqueos, han puesto límites y han defendido el territorio con su vida, porque desde el Estado la regulación y la gestión no ha sido suficiente”.
De acuerdo a Gómez, experta en el desarrollo de conocimiento crítico sobre la sostenibilidad, pensar en proponer regulaciones ambientales desde Latinoamérica hace que los expertos invoquen otro tipo de escenarios. “¿Qué tal si pensamos en relaciones en vez de transacciones? ¿Si regeneramos sistemas y creamos narrativas que no busquen crecimiento exponencial?”, se pregunta. La colombiana propone pensar el trabajo del Estado también desde lo popular y cita un ejemplo de la capital de su país, Bogotá para entenderlo. “Hoy nos venden como una gran tendencia el second hand [ropa de segunda mano], cuando en Colombia, en la Plaza España, las clases populares han intercambiado ropa desde hace décadas”, afirma. “Hay unas revoluciones populares que están pasando, pero que estaban invisibilizadas o estaban marcadas con la etiqueta de pobreza. Es hora de ver cómo el Estado empieza a legislar con su ciudadanía más allá de la norma”, concluye.
Justamente para no dejar todo el trabajo en manos de los gobiernos, Xicota aboga por fortalecer la sociedad civil latinoamericana e invita al consumidor a ser vigilante de las regulaciones y futuras prohibiciones. “El ecofacismo acecha”, afirma. Si la prioridad es salvar la especie humana, se hará con democracia o sin ella. Las regulaciones con mano dura pueden ser muy efectivas, pero no tienden a ser muy justas”.
También insta a hacer del consumo un acto político, consumir menos y tener un poco de imaginación: “La crisis más grande que tenemos es de imaginación, no puede ser que lo único que pensemos es que están las leyes del mercado, hay que pararse desde aquí y hacer innovación y desafiar las leyes de mercado que no son leyes naturales”.