El Recinto Penitenciario Especial de Alta Seguridad (REPAS), la principal cárcel de alta seguridad en Chile, ubicada en el barrio del Centro de Justicia en Santiago, en menos de un mes ha enfrentado cuatro episodios inéditos de desórdenes y destrucción de sus dependencias que han sido protagonizados por 18 internos. Gran parte de ellos son miembros de el Tren de Aragua, la banda transnacional del crimen organizado de origen venezolano que opera aproximadamente desde 2022 en el país sudamericano. El líder de la primera revuelta, la principal del 6 de junio, fue Hernán Landaeta Garlotti, alias ‘Satanás’, sindicado como sicario de la organización e imputado por los tribunales chilenos por varios delitos, entre ellos secuestros extorsivos. Ese día, un grupo de seis internos logró salir al patio del penal, rompió una mesa de ping pong, sacó sus patas y atacó a los custodios. Tres reos y 12 gendarmes resultaron heridos.
El último incidente de gravedad, del que también fueron parte miembros de Los Gallegos, tentáculo de el Tren de Aragua en Arica, el extremo norte del país, fue el 27 de junio, cuando uno de los reos destruyó el servicio sanitario de su celda, cavó con sus manos hasta llegar a una cañería, entró por el shaft y con golpes de metal logró liberar a otros seis internos, que salieron al pasillo. Los episodios han traído una serie de consecuencias, entre ellas la remoción de su alcaide, Fabiola Valladares, reemplazada por Patricio Roa, quien ya ha dirigido otras cárceles de la Región Metropolitana de Santiago, la de Puente Alto y Colina, y del jefe de régimen interno del REPAS. Pero fundamentalmente, ha obligado a Gendarmería, el servicio de prisiones que depende del Ministerio de Justicia, a empujar nuevas medidas en un penal que era considerado modelo, el más seguro de Chile, y en el que nunca antes, ni en ninguna cárcel chilena, se había destruido la infraestructura.
El recinto tiene una larga historia en Chile, pues allí en 1996 cuatro reos protagonizaron una cinematográfica fuga en helicóptero. Fue creado hace 30 años y, hasta marzo de 2023, cuando fue reinaugurado por el presidente de izquierdas Gabriel Boric y rebautizado como REPAS, se le conocía como la Cárcel de Alta Seguridad (CAS). Es un penal que fue construido en 1994, inicialmente, para albergar a antiguos subversivos que tomaron las armas contra la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) y que con los años se le fue adaptando para alojar a condenados por terrorismo, a narcotraficantes, asaltantes de grandes atracos e integrantes de bandas de crimen organizado chileno. Sin embargo, ante la irrupción de una nueva delincuencia desde 2022, una parte de sus dependencias y mobiliario no ha resistido los ataques. Esto, pese a que cuenta con inusuales medidas con respecto a otras cárceles, entre ellas, el uso de locutorios para las visitas y cámaras de vigilancia en todos sus sectores.
“Un comportamiento altamente refractario”
Precisamente, parte de los destrozos han sido en protesta por el uso de locutorios para las visitas. Además, los internos se han quejado de que algunos de sus familiares no puedan ingresar, pero desde Gendarmería han señalado que, por el reglamento que rige a todos los penales chilenos, solo pueden entrar como visitas personas que tengan documentación.
Para el ministro de Justicia de Boric, Luis Cordero, los incidentes “obligan a reenfocar el trabajo penitenciario dado el perfil que tienen no solo las organizaciones, sino la violencia que han demostrado como medio de reacción. Por lo tanto, hay que adecuar protocolos y estructuras. También, esto refuerza una cárcel que, adicionalmente, ya tenía muchos refuerzos”.
Y añade a EL PAÍS: “Esto obliga al Estado de Chile, esencialmente, a transmitir que personas de este perfil van a cumplir condenas por largo tiempo. Por lo tanto, estas penas se deben cumplir tanto en este recinto como en otros que el Estado de Chile decida construir para este tipo de organizaciones. Este caso es excepcional y relevante porque permite focalizar y readecuar protocolo, infraestructura y dotación especializada para este tipo de perfil en el sistema penitenciario”.
Tras los sucesos, Víctor Provoste Torres, director de Gendarmería subrogante, dice a este periódico que, “evidentemente, estamos ante internos de alto compromiso delictual y recluidos por delitos de alta connotación pública, que resienten un sistema que limita el que puedan organizarse y seguir delinquiendo desde la cárcel”. Y agrega: “Son personas con nula o escasa valoración por la vida, lo que se traduce en la forma en que se relacionan entre sí y también con el sistema, recurriendo siempre a la violencia como única vía para obtener sus objetivos, lo que explica en gran medida este comportamiento altamente refractario”.
Según Provoste, pese al revuelo que ha causado tanto el incidente del 6 de junio como los tres que le siguieron, que estos hechos “no pueden ser categorizados como un motín, ya que en ningún momento los internos toman el control del establecimiento o de un espacio estratégico de éste”.
Criminólogos, sociólogos y sicólogos
Tras los inéditos destrozos, y ante un perfil nuevo de internos (algunos ya se habían fugado de cárceles de Venezuela), además del reforzamiento de nuevas medidas de seguridad, es que un equipo de criminólogos, sociólogos, sicólogos y oficiales de Gendarmería observarán por un periodo el comportamiento de quienes están privados de libertad en el REPAS.
La cárcel tiene celdas individuales, cada una con tres pequeñas ventanas antibalas. Además, como explica Torres, es un régimen “mucho más severo y estricto que en cualquier otro recinto del país. Y eso, claramente, está impactando en este tipo de población penal, que va a intentar por todos los medios vulnerar o afectar su normal funcionamiento”.
Después de los daños, Gendarmería presentó cuatro querellas. Una de ellas, por el último incidente del 27 de junio, fue bajo Ley de Seguridad Interior del Estado, una legislación que implica que, en caso de condenas, las penas sean más altas pues implican delitos contra el orden público. Es una acción legal que recoge los hechos de los tres libelos anteriores, entre ellos, las amenazas de muerte de un interno a los custodios del REPAS.
Provoste detalla que, en paralelo a la vía legal “para que estos actos no queden impunes”, que se han intensificado gradualmente las medidas de seguridad, “específicamente para limitar el accionar de estas personas, en algunos casos y de forma muy puntual, mediante el uso de elementos coercitivos, con el debido resguardo de los derechos humanos. De este modo, se busca reducir su movilidad y así minimizar que atenten contra su propia vida, contra otros internos y contra el personal, aminorando además que se produzcan nuevos destrozos y daños a la infraestructura”. Y agrega que también se ha determinado la reubicación de internos dentro del mismo recinto, que, “junto con ser una medida disciplinaria, permite avanzar con el plan de reparación de las celdas dañadas”.
En febrero, el REPAS estuvo en la controversia luego de que el juez de garantía de Santiago Daniel Urrutia autorizara que un grupo de internos del Tren de Aragua realizaran videollamadas a sus familiares, en circunstancias que en el penal de extrema seguridad solo se permiten visitas por locutorios desde que fue reinaugurado por el presidente Boric. El magistrado además había visado que un narcotraficante de origen colombiano tuviera visitas íntimas con su pareja. Pero Gendarmería impugnó la medida y en marzo la Corte de Apelaciones de Santiago echó abajo su determinación.
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