La noche del 16 de enero de 2022, Natalia Lane fue atacada cuando trabajaba en un hotel de la Ciudad de México. Mientras iba en la ambulancia, la trabajadora sexual y activista por los derechos de las mujeres trans colgó un video en sus redes sociales en el que contó lo ocurrido. “Estoy sangrando mucho (…) me acuchillaron en la nuca y me estoy sintiendo muy mal. Por favor, a la Fiscalía de Feminicidios que me ayude”. A dos años de sobrevivir a ese hecho, Lane también lucha para que el Congreso de la capital mexicana apruebe la llamada Ley Paola Buenrostro, con la cual se busca tipificar el transfeminicidio como delito.
El transfeminicidio, al igual que el feminicidio, es una forma de violencia de género, pero específica hacia mujeres trans por motivos de odio, discriminación, o transmisoginia debido a su identidad y expresión de género. La propuesta busca llenar un vacío legal y dar una respuesta adecuada a una realidad que, hasta ahora, ha sido ampliamente ignorada o minimizada. En muchos casos, los crímenes contra personas trans no son investigados con la diligencia necesaria y se categorizan erróneamente, lo que perpetúa la impunidad y el ciclo de violencia. En México solo Nayarit ha tipificado el transfeminicidio.
“La iniciativa es solo un primer esfuerzo para visibilizar las problemáticas que atravesamos las mujeres trans, pero al final creo que eso de nada sirve si no viene de un cambio estructural y de políticas públicas y acciones específicas del Estado para prevenir los transfeminicidios. De nada nos sirve un Código Penal robustecido y que hable de la violencia específica a las mujeres trans si no viene acompañada de medidas de reparación”, explicó a EL PAÍS Natalia Lane, asambleísta consultiva en el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED). Agregó que su aprobación también es una forma de impedir cualquier retroceso y “amarrar” el reconocimiento de los derechos y la existencia de las personas trans y las diversidades, más allá de las coyunturas políticas y pese al avance de discursos de ultraderecha.
¿Qué implica la Ley Paola Buenrostro?
La llamada Ley Paola Buenrostro es una iniciativa que fue presentada por primera vez ante el Congreso de Ciudad de México en 2021 por el diputado Temístocles Villanueva Santos. Su nombre es en honor a Paola Buenrostro, una trabajadora sexual trans de 25 años que fue asesinada en septiembre de 2016. Su amiga Kenya Cuevas presenció el asesinato. Desde entonces, Cuevas se convirtió en una reconocida activista por los derechos de las personas trabajadoras sexuales y transgénero, y también ha sido una de las principales impulsoras de la Ley Paola Buenrostro.
La iniciativa, que contempla reformas al Código Penal, establece que “es necesario reconocer el transfeminicidio como un delito autónomo con sus propias características delictivas, pero también enmarcado en su propio contexto de violencia estructural (…) el transfeminicidio es el acto último de violencia en contra de las mujeres trans y/o personas con expresión de género femenina”. También explica que, en su mayoría, el asesinato de mujeres trans va acompañada de muestras de extrema violencia, como la mutilación o la tortura. Nombrar el transfeminicidio también obliga a las autoridades que persiguen los delitos y atienden las denuncias a capacitarse.
El 13 de junio pasado, activistas trans convocaron a una manifestación a las afueras del Congreso de la Ciudad de México para exigir a la actual legislatura aprobar la iniciativa antes de que termine su periodo. En marzo pasado, el diputado Temístocles Villanueva presentó ante los legisladores una redacción actualizada de la propuesta de ley.
Durante la protesta, Natalia Lane —quien además participó en la revisión y redacción de la iniciativa a petición de Temístocles— dijo a medios que “no solamente estamos pensando en más años de cárcel. No creemos en una justicia punitiva, no creemos que las cárceles y sentencias largas solucionen el problema, que es la transfobia y la transmisoginia en México. Eso no soluciona nada. Necesitamos medidas de reparación, prevención, educación y sensibilización de la sociedad y también de las y los legisladores”. Ese día se acordó que la iniciativa será subida al Pleno el próximo 18 de julio para su discusión y aprobación.
En entrevista con EL PAÍS, Lane puntualizó que es importante reconocer que esta iniciativa incluye la mirada de sobrevivientes y víctimas, como es su caso. Lo que ella incorporó a la ley es el reconocimiento de que las mujeres trans que ejercen el trabajo sexual son especialmente vulnerables a la violencia y criminalización. “No todas las vidas trans están en peligro. Hay mujeres trans en condiciones de mayor vulnerabilidad. Eso es muy importante tenerlo en cuenta”, dijo.
Los crímenes de odio contra las personas trans van en aumento
La discusión de esta ley coincide con el cambio de medida cautelar, de prisión preventiva a arraigo domiciliario, del agresor Alejandro “N”, quien intentó matar a Natalia Lane hace dos años. Esto representaría un retroceso en su búsqueda de justicia y la coloca en una grave situación de peligro. La decisión ya fue apelada por Olivia Rubio, asesora legal de la activista. “Mi vida se ha detenido desde 2022. Estoy a la espera de un juicio que no llega. Se van a cumplir tres años y no he encontrado siquiera llegar a un juicio oral, mucho menos hablar de reparación (…) El camino de justicia se vuelve insostenible para nosotras y por eso creo que es importante que se tipifique penalmente, pero ¿qué va a pasar con las sobrevivientes?”, señaló Lane.
Esto ocurre en un contexto de alza de la violencia contra personas de las comunidades LGBTIQ+, especialmente poblaciones trans. De acuerdo con un reporte de Presentes, un medio independiente especializado en temas de género y diversidad sexual en Latinoamérica, en lo que va de 2024 ocho mujeres trans han sido asesinadas en Ciudad de México; la mayoría de las víctimas ejercía el trabajo sexual o vivía en condiciones de precariedad. Sólo en dos casos hay detenidos por delito de feminicidio.
El Centro de Apoyo a las Identidades Trans A.C., organización que lleva un registro histórico de personas trans asesinadas en México, ha documentado, de 2007 a 2023, 751 crímenes contra personas trans en el país. Según su información, Veracruz, Guerrero, Estado de México, Chihuahua y Ciudad de México son las entidades federativas que registran mayor cantidad de muertes violentas. El panorama se complejiza si se considera que el número de víctimas podría ser hasta tres veces mayor.
Si bien la Fiscalía Especializada para la Investigación del Delito de Feminicidio en Ciudad de México cuenta con la Subunidad de Investigación de Transfeminicidios, única en su tipo en el país, Presentes ha recogido testimonios de activistas y familiares de víctimas que denuncian que no hay avances en las investigaciones y, sobre todo, que prevalece la impunidad.
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