Una de las señas distintivas del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) ha sido la puntualidad en el cronograma. Desde la llegada del equipo del presidente Gustavo Petro, sin embargo, algunos funcionarios del centro estadístico han evidenciado ligeras modificaciones y aplazamientos que inquietan. En cuanto a la encuesta anual de pobreza monetaria, que durante una década se publicó entre marzo y abril, el atraso suma ya dos meses. Múltiples voces desde instituciones distritales u organizaciones no gubernamentales han lanzado una alerta por la situación que afecta la agenda técnica de trabajo y mina el prestigio de la agencia estatal.
El trabajo del secretario de Integración Social de la Alcaldía de Bogotá, Roberto Angulo, ha sido uno de los perjudicados por el incierto retraso de las tasas de pobreza monetaria del año pasado. “Es muy delicado. Todos los Planes de Desarrollo de las ciudades capitales dimensionaron sus esfuerzos de gasto social y transferencias monetarias sin la cifra última de 2023″, explica quien fue parte del panel de expertos externos del DANE para asuntos de pobreza. La puesta a disposición pública de estas cifras responde a lineamientos internacionales, de entidades como la ONU o la OCDE, para garantizar la neutralidad metodológica y arrinconar las presiones políticas.
Fuentes cercanas al centro estadístico estatal señalan cierta laxitud en el cumplimiento de esas reglas. Un ligero cambio en la hora de publicación de datos como el del Producto Interno Bruto, por citar un ejemplo, puede significar la ruina o la fortuna para cientos de inversores pendientes del crecimiento del país y sus próximos movimientos bursátiles.
Héctor Maldonado, director del DANE entre 2007 y 2010, recuerda que hace unos 20 años se filtró al público la estadística de inflación una hora antes de lo estipulado. “Parece que una agencia de bolsa sacó beneficios importantes de ese error”, afirma. Y para dimensionar los riesgos que conlleva incumplir las pautas, agrega: “El rendimiento o valoración de algunas empresas se basa, por ejemplo, en el último dato del IPC y dependiendo de la hora de publicación hay una variación. De tal forma que el incumplimiento con los datos tiene, incluso, repercusiones jurídicas”.
La fecha para la difusión de la encuesta de pobreza monetaria, de la cual depende en buena medida el diseño de las políticas sociales del país, aún no figura en el calendario oficial publicado en la página del DANE. Para Maldonado, el problema “podría ser de comunicación” y recuerda que se trata de un dato que se extrae “de las encuestas de hogares, por eso, en teoría, no debería haber problema para difundirla”.
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El DANE aseguró a este diario que las “fechas pueden variar” y que esa serie estadística se presentó el año pasado en septiembre. Pero Roberto Angulo discrepa y aclara que, en ese caso y como ha ocurrido históricamente, cualquier desvío o revisión metodológica en el cronograma ha ido acompañado de un claro aviso.
“Si el DANE ha tenido alguna dificultad con la medición, el comité de expertos debería mantener una comunicación al respecto. Nosotros como usuarios de los datos deberíamos saberlo porque todo esto puede resultar muy costoso”, prosigue Angulo. Maldonado coincide, y subraya que cualquier actualización debe ser escrupulosamente explicada: “Estas cosas generan inquietud. ¿Por qué se demoran? ¿Qué está pasando? Es igual que cuando, en otras administraciones, los datos han sido presentados por el Ministro de Hacienda o el presidente y no el director del DANE. Esas cosas hay que cuidarlas”.
Natalia Galvis, consultora en política social e investigadora de la Universidad de Manchester, se queja del deterioro en la confección de las estadísticas. Asegura que en el caso del informe de pobreza multidimensional, un baremo complementario al de la serie de pobreza monetaria, se presentó incompleta en una rueda de prensa celebrada el pasado 19 de abril. Medio mes más tarde se ajustó el boletín técnico: “Esto no es una novedad. A las correcciones que dieron, en todo caso, les faltaban procesamientos como los cruces con género, los cruces con población afro, o población indígena, que se entregaban siempre con la primera fecha programada”.
La sumatoria de falencias técnicas llevan a Galvis a la conclusión de que hay problemas muy serios para garantizar la captura, procesamiento y divulgación de la información: “¿Con qué insumos está haciendo el Departamento de Prosperidad Social la estructuración de transferencias monetarias o subsidios si no sabemos a cuánto equivale una canasta básica? Ese valor debe ser preciso y ajustado para que los hogares puedan adquirir sus alimentos y hoy no lo tenemos”.
Para rematar, la Presidencia, que tutela el DANE, ya ha dejado entrever algunas desavenencias o desencuentros con el manejo del organismo: “El censo solo nos va a dar unos datos. Si está bien hecho, esos datos van a alumbrar caminos”, aseguró Gustavo Petro en diciembre durante la presentación del Censo Nacional Urbano. Y a mediados de junio, el diario financiero Portafolio reveló un informe donde los miembros del comité de expertos a cargo de ese trabajo reconocen que el proceso de elaboración arrancó con falencias en sus estándares de calidad, diseño metodológico o fallas en la seguridad de los datos.
En otras muestras, como la Encuesta de Calidad de Vida del año pasado, han surgido problemas por cuenta de “modificaciones en los cuestionarios”, recuerda Natalia Galvis. Sin embargo, fuentes sectoriales apuntan, en defensa del DANE, que la llegada de los nuevos funcionarios de la Administración Petro puede estar tras los líos de un proceso de transición y empalme muy complejo. Galvis no respalda esa postura, sino que, además, achaca el “deterioro” en la producción de la agencia a la llegada del “nuevo equipo”. “Esto es un asunto de qué tan capacitadas están las personas para asumir una de las entidades más técnicas del Estado”, sentencia.
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