El lunes en la mañana, la vicepresidenta Francia Márquez se presentó ante la Corte Suprema de Justicia para un caso de difamación, el más reciente de una larga historia de demandas que ha interpuesto contra quienes la calumnian. Durante la campaña electoral del 2022, antes de ganar las elecciones, la entonces candidata demandó a varias figuras públicas que la insultaron con comentarios racistas o la llamaron guerrillera. La justicia le dio entonces la razón en casi todos los casos. Al llegar al poder, entendió que debía, de acuerdo a la legislación, tolerar algunos golpes en la opinión, por el cargo que ocupó. Ahí frenó sus demandas, a pesar de que recibió comentarios racistas por montarse en helicóptero o hacer un viaje diplomático a África. Pero a finales del mes pasado, ella y su abogado consideraron que un legislador se pasó de la raya: el senador Jota Pe Hernández.
El nuevo caso de difamación arrancó el 27 de mayo, cuando el congresista santandereano dijo a la revista Semana que la vicepresidenta podría —el condicional es importante en esta historia— estar involucrada en el sonado escándalo de corrupción del Gobierno de Gustavo Petro: el de la Unidad de Gestión de Riesgos y Desastres (UNGRD), de donde dos protagonistas han indicado que salieron millones de pesos para sobornar a congresistas. “O es Verónica Alcocer o es Francia Márquez”, dijo el senador, cuando se le preguntó a quién se refería Olmedo López, el exdirector de la UNGRD que busca colaborar con la justicia en el caso, al señalar que un ‘concláve’ muy cercano al presidente organizó el plan corrupto.
“Surgen informaciones calumniosas que pretenden involucrarme con mentiras en los hechos sucedidos con la UNGRD”, dijo inmediatamente la vicepresidenta al senador. “Le exijo la inmediata retractación de sus insinuaciones malintencionadas”, añadió, y señaló que su equipo jurídico lo demandaría por calumnia si no recogía sus palabras. El senador Hernández no lo hizo, y la vicepresidenta lo demandó.
“Ella me dijo algo como: ‘prefiero irme antes de que la dignidad me la maltraten, antes de que me inventen este tipo de cosas”, cuenta a EL PAÍS el abogado de Francia Márquez, Carlos Hernán Escobar. “Yo estoy de acuerdo con que acá se cruzó una línea, porque quien está haciendo la acusación injuriosa no es cualquier persona, sino alguien con una audiencia tremenda, con una dignidad pública por su puesto como senador de la República, y deja un mensaje en una revista de que ella es corrupta. Ella ha dicho que debemos hacer esta demanda para enseñarle a la sociedad que tenemos que respetar la diferencia, podemos controvertir pero con rigor, con respeto”, añade.
El caso llegó a la Corte Suprema porque esta es la institución que juzga a los congresistas. Antes de avanzar en el proceso, el tribunal citó a los dos políticos para una conciliación. No hubo acuerdo. “Aquí no va a haber ningún tipo de conciliación”, dijo el senador antes de entrar a la Corte, alegando que su afirmación sencillamente refleja el control político que hace. Eso, pese a que admite que no tiene “ninguna prueba en estos momentos con la que pueda señalar a la vicepresidenta”. Dejó en el aire que fue una suposición sin fundamentos, un control político sin pruebas. Márquez le respondió: “no tiene pruebas porque es falso que yo tenga algo que ver en hechos de corrupción”. El caso seguirá abierto, y la Corte Suprema tiene un reto enorme: definir si en este caso primará la lesión al buen nombre de Francia Márquez, o la tolerancia que debe tener un servidor público ante las especulaciones, infundadas, de un senador.
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RECÍBALA
Jota Pe Hernández es un influencer polémico que llegó por primera vez al Legislativo en 2022. A pesar de ser del partido Alianza Verde, que hizo parte de la coalición de gobierno, el novato congresista ha sido más cercano a la oposición. Y, sobre todo, ha dado mucho de qué hablar. Ha sido señalado de hostigar a un periodista de Caracol Radio; de ser irrespetuoso con sus colegas legisladores (como la excongresista Piedad Córdoba cuando esta falleció); o de ser misógino contra la senadora oficialista María José Pizarro. En pocos casos se ha retractado. Una excepción fue en 2022, cuando se disculpó por decir que cuando muera Gustavo Petro el país “descansará de tanto populismo y cizaña”, tras describir al presidente como un hombre de alma “asesina” y “diabólica”.
Había pasado mucho tiempo desde que la vicepresidenta había interpuesto una demanda por injuria o calumnia, algo que sí hizo durante la campaña presidencial, cuando recibía miles de comentarios racistas a diario. Como cuenta su abogado, “una frase importante para ella, desde la campaña, es: ‘Hasta que la dignidad se haga costumbre’. Ella quiso hacer respetar su dignidad, su patrimonio moral, y me buscó para ayudarle en estos casos legales. No abrimos casos contra todo el mundo, sino contra personajes que tenían una audiencia considerable, personajes cuya opinión es respaldada por muchos”.
El primer caso se resolvió en mayo del 2022, justo antes de ganar las elecciones, cuando Gabriel Vallejo, hoy director nacional del partido uribista Centro Democrático, se disculpó por insinuar que la vicepresidenta estaba ligada a una guerrilla. “Luego de haber llegado a un acuerdo conciliatorio, quiero expresar que no puedo afirmar que Francia Márquez tenga vínculos con el ELN ni con ningún grupo terrorista al margen de la ley”, explicó en redes sociales el también excongresista.
En agosto del mismo año, la cantante Marbelle tuvo que hacer una retractación parecida, pero por comentarios racistas. “De acuerdo con la conciliación realizada en la Fiscalía con la señora vicepresidenta, presento disculpas públicas a Francia Márquez por haber expresado mi opinión de forma inapropiada, caricaturizándola y ridiculizando su imagen, considerando esto como racismo”, dijo en X.
El mismo mes, el representante a la Cámara Miguel Polo Polo hizo una disculpa pública después de otro proceso legal. “Me retracto acerca de que la señora Francia Márquez sea estafadora, o ladrona toda vez que no ha sido objeto de reproche judicial alguno, también que sea propietaria de minas de oro en el Cauca, o que esté explotando dicha región, como tampoco que el grupo delincuencial ELN haya apoyado su candidatura a la vicepresidencia”, escribió en una carta pública.
Hubo un caso más polémico, ya como vicepresidente, contra una mujer llamada Fabiola Rubiano. Esta última no tenía un cargo público y, en una protesta contra Petro, insultó ante las cámaras de televisión a Márquez usando frases racistas. La vicepresidenta no demandó a Rubiano, pero la Fiscalía la procesó. No por calumnia o difamación, sino por discriminación y racismo. La vicepresidenta, sin embargo, dejó claro en un momento que a ella no le parecería bien conciliar en ese caso. “Conciliar y ponerla a que se retracte no evita que el resto de la sociedad siga incurriendo en una conducta delictiva como es el odio racial”, dijo entonces la vicepresidenta. Rubiano también perdió el proceso. “La gente cree que ella fue a la cárcel, pero eso no es cierto. Fue condenada a un año de prisión, y el sistema no encarcela a las personas cuando hay penas menores a cuatro años”, explica el abogado Escobar.
Son muchos los políticos que a diario son señalados de corrupción, sin pruebas, y si las autoridades no investigan los señalamientos, esas declaraciones se quedan navegando para siempre en el océano de la web. Francia Márquez, con la dignidad como su bandera, y su demanda contra el senador Hernández, ha dejado claro que quiere poner algunos frenos en esa forma de manejar el debate público.
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